La Asamblea
General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de febrero como el Día de la
Justicia Social, con el objetivo de valorar los esfuerzos de las sociedades en
la lucha contra la pobreza y el desempleo, la discriminación y la desigualdad
social. Pero también para reconocer que todas las personas —ciudadanos,
trabajadores, empresarios y gobernantes— tenemos el urgente compromiso de
construir un modelo económico y social, basado en principios de justicia,
igualdad y sostenibilidad ambiental.
Esa
sociedad más justa se respalda en tres pilares. Primero, un crecimiento económico que fomente la
transformación tecnológica, la inversión privada y el pleno empleo, con
salarios que garanticen el bienestar de todos los hogares y una mejor
distribución de la riqueza. Otro elemento vital es la protección del ambiente
natural y el derecho de las comunidades a decidir qué hacer con los recursos
naturales.
El segundo
pilar
está relacionado con la construcción de la igualdad, lo que se puede lograr, en
buena medida, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos individuales
y colectivos. Esto significa la provisión universal de bienes y servicios
públicos con pertinencia, tales como la salud y el saneamiento ambiental, la
educación, la seguridad social, la vivienda y la justicia; pero también
requiere la puesta en marcha de políticas económicas y sociales que garanticen
el empleo, la igualdad de género, étnica y de territorio, la participación
política, la libertad de pensamiento, de expresión y de culto.
El tercer pilar está
relacionado con el mantenimiento de una administración pública efectiva. Esto
significa, instituciones públicas laicas y democráticas que cumplan su misión
en función del bienestar social y de su mandato constitucional y, como
consecuencia, diseñan, planifican, ejecutan, evalúan y rinden cuentas para y
con los ciudadanos. Garantizar este pilar requiere un servicio civil
profesionalizado e independiente de los cambios de gobierno; así como de partidos
políticos que representen la voz de los ciudadanos, sin financiamiento
ilegítimo, que cuenten con personas probas y aptas para gobernar, y con planes
de gobierno técnicos, sustentados en metas, resultados medibles y un plan
fiscal que los concrete. Otro elemento importante lo constituyen las
instituciones de justicia, de regulación económica, la controlaría y la
administración de las finanzas públicas. Si estos organismos del Estado fallan
o están capturados por intereses particulares, se debilita la gobernabilidad
democrática y se pierden los equilibrios políticos que consiguen concretar la
justicia social.
Parte
del texto publicado, hoy, por Jonathan
Menkos Zeissig en Prensa Libre
(Guatemala)
